Fortalecimiento del Estado

El fortalecimiento e independencia del Organismo Judicial

El Organismo Judicial es el organismo del gobierno encargado de juzgar las violaciones a la Constitución y a las leyes que en ella se basan. La Constitución es la voluntad del Pueblo soberano. El Pueblo está integrado por todas las personas que habitan el país. La voluntad del Pueblo es aquello que todo el pueblo quiere, no lo que quiere sólo una parte, mayor o menor.

Para que el Organismo Judicial pueda hacer su tarea efectivamente se hace necesario, entre otras cosas, que esté efectivamente sujeto a la Constitución y que no se pase de los límites que ésta le impone a todo el gobierno. Como cada individuo, o grupo, juzga las cosas desde su propia perspectiva e intereses, lo cual incluye a todo gobierno o funcionario público, que están sujetos además a presiones, tentaciones, y amenazas de distintos tipos, es necesario que las decisiones hechas por los individuos que conforman al organismo judicial se sometan al criterio del mismo Pueblo que es la fuente originaria de la Constitución.

Para que las decisiones del Organismo Judicial no contradigan la Constitución, los próceres de la independencia de Guatemala incluyeron en ésta el establecimiento del juicio por jurado, un tribunal de personas imparciales escogidas al azar del mismo Pueblo. Por la ignorancia de la mayoría del pueblo, y por los intereses particulares de una minoría poderosa, el juicio por jurado nunca fue establecido. Estos mismos intereses e ignorancia fueron los responsables de someter al Pueblo a la discreción y arbitrariedades de los funcionarios públicos, quienes durante doscientos años han actuado con impunidad, manteniendo al Pueblo de Guatemala en la pobreza y miseria, sufriendo injusticias sin poder adecuadamente defenderse.

El PLG propone hacer que, a través del juicio por jurado, la voluntad del Pueblo sea lo que limita las violaciones a la Constitución y la corrupción de parte de individuos dentro y fuera del gobierno. Los políticos y burócratas se han aprovechado de la ignorancia de la mayoría y de los intereses particulares de otros pocos para dejar indefenso al Pueblo a través de legislación anti-constitucional y de cambios a la Constitución que les han permitido acceder y aferrarse al poder.

El juez, igual que el ejecutivo y el legislativo, debe evitar que se viole la Constitución. Para asegurar que así sea, toda acción legal que afecte la vida, libertad, o propiedad de cualquier persona será sujeta a la decisión de jurados. El gobierno no privará de su vida, libertad, o propiedad a una persona si, primero, un gran jurado considera que no existe evidencia de una violación de parte de la persona acusada.

Si todas las instancias del debido proceso, incluyendo el gran jurado, consideran que hay evidencia de una violación de parte de un acusado, el acusado tendrá la obligación de presentarse ante un jurado cuando este sea convenido para el juicio. Si un gran jurado considera que no hay suficiente evidencia para considerar que el acusado violó alguna ley constitucional, el fiscal que inició el proceso de acusación será sancionado con una medida administrativa la primera vez, con prisión de un día la segunda vez, y con destitución del cargo la tercera vez.

Si el gran jurado considera que la violación es de tal gravedad que la libertad del acusado supone un peligro para la vida, libertad, o propiedad de otros, le pedirá, con la confirmación del fiscal encargado, una orden de aprehensión a un juez competente. Respetando, lo más que se puede bajo las circunstancias de potencial peligrosidad, la presunción de inocencia, el acusado será llevado ante un juicio por jurado menor dentro de una semana.

El juez que firme la orden de aprehensión será la persona encargada de asegurar que el acusado sea llevado a un juicio por jurado dentro de una semana. El acusado será llevado a juicio en una semana ante un jurado para que éste pueda dar su veredicto después del tiempo que considere necesario para examinar y discutir la evidencia. El juez que emitió la orden de aprehensión puede administrar ese juicio por jurado si no encuentra a otro que lo haga en su lugar. Si el juicio no comienza a la semana o menos de la orden de aprehensión, el juez puede ser demandado por cualquier interesado de parte del acusado por incumplimiento de deberes y violación a la presunción de inocencia, y el acusado será puesto en libertad, dando a conocer públicamente la presunta peligrosidad del acusado, junto con el incumplimiento del juez, por todos los medios posibles para que la comunidad pueda tomar las medidas necesarias para su protección.

Si ningún juez emite orden de aprehensión para un acusado considerado por un gran jurado de ser de alta peligrosidad para la comunidad, se dará a conocer públicamente por todos los medios. Si el acusado se presenta a juicio y el veredicto del jurado es de inocente, se dará a conocer su inocencia por los mismos medios públicos que anunciaron el peligro.

Si después de hacer todo lo posible por comunicar a un acusado la fecha de un juicio para aclarar su situación, éste no se presenta para el juicio, a cabo de un mes del inicio del intento de comunicación con el acusado, éste podría ser juzgado in absentia por el jurado menor asignado para el juicio. Si el jurado da un veredicto de culpable, el juez emitirá una orden de aprehensión, el ejecutivo procederá a capturar al acusado quien en ese momento será informado del veredicto. Una vez en prisión, el acusado puede apelar el veredicto, y el juez le dará la prioridad que permite la agenda judicial. Si no se puede aprehender al acusado, después de haber sido condenado por un jurado, sus bienes serán embargados y, después de un tiempo prudente para asegurar que se ha fugado y no ha muerto, estos serán puestos a disposición de Finanzas Públicas como producto de una extinción de dominio.

Para mejorar el sistema administrativo de justicia, los jueces podrán remover al personal de su tribunal y proponer su reemplazo. Cada juez propondrá personal competente para su auxilio. Estos tendrán que ser eficientes ante las demandas del juez ya que pueden ser removidos por el mismo. Para garantizar la independencia de poderes, para que la Corte Suprema de Justicia no tenga que suplicar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo por recursos, ni los jueces le deban a poder político alguno la permanencia en su cargo, y poder así lograr la plena independencia del Organismo Judicial, se busca reformar el marco jurídico para que este pueda elaborar su presupuesto y ser aprobado, sin modificación alguna, por el Congreso de la República, siempre dentro de los límites presupuestarios impuestos por la Constitución. Los magistrados y demás personal del Organismo Judicial tendrán el mismo derecho de defensa ante un jurado mayor y menor que tiene todo habitante del país.