Antejuicio… ¡fuera!

El Artículo 3 de la Ley en Materia de Antejuicio vigente en el país, define el derecho de antejuicio de la manera siguiente:
“Derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos, de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo; inalienable, imprescriptible e irrenunciable.”
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, al resolver la Acción Constitucional de Amparo en única instancia, promovida por la abogada Karen Marie Fischer Pivaral, contra la Corte Suprema de Justicia, (Expediente 2354-2015 del 18 de junio de 2015) en su parte conducente, dice:
“El antejuicio es un derecho de rango constitucional, consistente en la garantía de que determinados funcionarios de Estado no serán sometidos a proceso penal sin que previo a ello, autoridad competente declare que ha lugar a formación de causa. Es una prerrogativa en función del cargo y por ende, una excepción al principio de la igualdad ante la ley.
Su función es proteger el ejercicio y continuidad de la función pública, a efecto que la misma no se vea interrumpida por denuncias presentadas por querellantes o demandantes inconformes con el ejercicio de la misma, por razones ilegítimas o de índole política o personal.” (El subrayado y las negrillas son propios.)
El Estado de derecho, entendido como el sistema de organización de una sociedad cuya constitución, leyes y normas reconocen que la soberanía del poder radica en el pueblo y que este escoge y delega en el gobierno el ejercicio del poder público, se diferencia de otras formas de ordenamiento jurídico, en su característica fundamental: El trato igual de todos los ciudadanos, ante la ley.
De allí que el rescate institucional que tanto necesita Guatemala y que la conduciría a la fundación de un legítimo estado de derecho, debe basarse primordialmente en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; para lo cual sería necesaria la derogatoria de esta prerrogativa constitucional.
La posibilidad de despojar al propio Presidente de la República de la protección constitucional que le brinda el derecho de antejuicio, habida cuenta que existen “indicios” de su presunta vinculación en la comisión de hechos delictivos, está normada en la Ley en Materia de Antejuicio. Toda vez que esta ley contiene el detalle de los procedimientos establecidos para su otorgamiento, es claro que su estricta observancia no tendría por qué constituir riesgo o poner en peligro el orden constitucional.
Por otra parte y habida cuenta de las circunstancias actuales, es preciso tener en cuenta que, en el caso que nos ocupa, han sido precisamente el gobierno de Otto Pérez Molina y las redes criminales en las que sus funcionarios se han visto involucrados, los verdaderos causantes de la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo y no la solicitud de antejuicio en su contra. Seamos serios.
Así las cosas, veo con preocupación que la misma Corte de Constitucionalidad, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, haya dicho del derecho de antejuicio que este es “…una excepción al principio de la igualdad ante la ley”, en la resolución mencionada anteriormente. Esta admisión por parte de la Corte, aunque la sabemos cierta, no está contenida en el texto constitucional, ni en la ley de la materia.
Preocupa esta afirmación del máximo Tribunal, porque coincide con las opiniones de algunos tratadistas que he consultado, con relación a este tema, quienes lo califican de “procedimiento engorroso, que impide el acceso a la justicia”; “instrumento de impunidad”; “especial prerrogativa, no concedida a la generalidad de las personas”; “protección manipulable, que crea desigualdad”; “Fuente innata de impunidad y corrupción”; entre otras.
Por lo anterior, vemos que el derecho de antejuicio es, efectivamente, un obstáculo a la persecución penal. Si lo que buscamos es la posibilidad de investigar y enjuiciar al Presidente de la República, por los hechos delictivos que presuntamente ha cometido, me pregunto: ¿Por qué debería verse comprometido nuestro orden constitucional, como consecuencia directa de su otorgamiento?
El jurista guatemalteco Francisco Fonseca Penedo, respecto de la “declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa”, nos ilustra diciendo: “La finalidad perseguida por el antejuicio y su efecto inmediato, es permitir que se enjuicie al funcionario, por el delito que motivó la acción.”
En otras palabras, es claro que el eventual otorgamiento del antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, permitiría su investigación y daría lugar a la formación de causa penal en su contra. No revocaría su mandato ni lo obligaría a renunciar a su cargo como Presidente de la República.
Tampoco violaría el debido proceso, que es el principio jurídico procesal que establece que “Toda persona tiene el derecho de ser citada, oída y vencida en juicio justo, mediante juez competente y preestablecido”, por lo que no lo sentenciaría a ser devorado por leones hambrientos, ni lanzado a un lago de fuego. No lo condenaría a la horca, ni a un linchamiento, de esos que ocurren con frecuencia en suelo guatemalteco.
¿Qué sucedería estimados lectores, si el objetivo de este ir y venir de acciones legales tuviera como consecuencia colocar al Presidente de la República en la situación legal en la que se encontraría cualquier ciudadano, en sus circunstancias?
¿No sería la consolidación, en vez de la excepción, del principio de igualdad ante la ley, lo mejor que podría sucederle a Guatemala, toda vez que este constituye la base del estado de derecho?
En mi opinión, el otorgamiento del antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina o de cualquier otro funcionario que lo ameritara, devolvería a los guatemaltecos la confianza en nuestro sistema de justicia.  Fortalecería la independencia de los poderes sobre los que descansa nuestra República; frente a la subordinación de uno respecto del otro, que actualmente es el factor que nos distancia de la certeza jurídica que podría determinar el cambio de rumbo que tanta falta nos hace.
Si los guatemaltecos tuviéramos la oportunidad de encontrarnos con el Genio de la lámpara de Aladino, para pedirle un deseo, le pediríamos justicia. Nada nos ha indignado tanto como la corrupción y el descaro con que han procedido los actuales funcionarios. Nada rechazamos tanto como la idea de la inminente impunidad que de la falta de proceso penal en su contra, podría resultar.
Atrás han quedado los tiempos en que los pueblos eran gobernados por Emperadores y Reyes, que al estar por encima de todos los ciudadanos, ejercían su autoridad discrecionalmente, sin que la ley y otros poderes limitaran su poder absoluto.
Esta es la Guatemala del Siglo XXI, en la que ya nadie puede contarnos cuentos, porque sabemos de historias: La ley debe ser igual para todos y ya no existe persona que no lo sepa.
Termino recordándole  a los abogados de los sujetos procesales que forman parte de este caso, así como a los Magistrados que habrán de conocer sus próximas actuaciones, el cuarto mandamiento del “Decálogo del Abogado”, del uruguayo Eduardo Couture:
“Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia.”